Cultura y noticias hispanas del Valle del Hudson
Que paguen: diez voces que defienden el territorio en América Latina
Por Cristina Ramírez
March 2026“Alzar la voz es un gran riesgo que a diario nos cuesta la vida”, dice Norka Pareja, lideresa wayuu de La Guajira, Colombia. Su comunidad ha sido desplazada por la mina de carbón El Cerrejón, que opera desde hace más de 40 años y consume alrededor de 35mil litros de agua diarios, en un territorio donde miles de personas carecen de acceso suficiente al recurso. “Nos cuesta secuestros, desplazamiento de nuestros territorios… pero espacios como este documental nos permiten compartir experiencias, estrategias y fortalecer redes de apoyo”, agrega. Las comunidades Wayuu siguen denunciando la escasez de agua y los impactos de El Cerrejón, con reportes de Amnistía Internacional y comunicados de la empresa confirmando la persistencia de los problemas, las manifestaciones y la necesidad de garantías para lideresas como Norka Pareja.
Este es uno de los testimonios reunidos en el documental corto “Que Paguen: diez voces que defienden el territorio en América Latina”, producido por la campaña latinoamericana Que Paguen los Contaminadores, de la organización internacional Corporate Accountability, conocida en español como Alto al Poder Corporativo (corporateaccountability.org).
Nathalie Rengifo Álvarez, directora de campaña para América Latina, explicó en el programa radial La Voz con Mariel Fiori en Radio Kingston que Corporate Accountability trabaja “para devolver el poder a quienes debe pertenecer: a la gente, al pueblo, y no a las corporaciones”. Con campañas enfocadas en la alimentación, el agua, el tabaco y el clima, para visibilizar problemáticas, y cuestionar la influencia de las grandes empresas en los espacios de decisión multilaterales. “En el gallinero no puede estar el zorro”, resumió Rengifo Álvarez, refiriéndose a la participación de corporaciones responsables de la crisis climática en negociaciones internacionales.
El documental se gestó en una reunión de varios miembros de la campaña Que Paguen los Contaminadores América Latina, que se llevó a cabo en 2023 en Lima, Perú. Allí se filmó el documental que presenta diez casos de luchas sociales, territoriales y ambientales, principalmente contra la contaminación el extractivismo, narrados en las propias voces de quienes sostienen estas luchas sociales desde sus territorios.
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Nathalie Rengifo Álvarez, directora de campaña para América Latina, explicó en el programa radial La Voz con Mariel Fiori en Radio Kingston que Corporate Accountability trabaja “para devolver el poder a quienes debe pertenecer: a la gente, al pueblo, y no a las corporaciones”. Con campañas enfocadas en la alimentación, el agua, el tabaco y el clima, para visibilizar problemáticas, y cuestionar la influencia de las grandes empresas en los espacios de decisión multilaterales. “En el gallinero no puede estar el zorro”, resumió Rengifo Álvarez, refiriéndose a la participación de corporaciones responsables de la crisis climática en negociaciones internacionales.
El documental se gestó en una reunión de varios miembros de la campaña Que Paguen los Contaminadores América Latina, que se llevó a cabo en 2023 en Lima, Perú. Allí se filmó el documental que presenta diez casos de luchas sociales, territoriales y ambientales, principalmente contra la contaminación el extractivismo, narrados en las propias voces de quienes sostienen estas luchas sociales desde sus territorios.
LOS CASOS
En el Bajo Tapajós, Brasil, Vandria Borari, del Coletivo de Mulheres Indígenas as Karuana, describe la expansión de plantaciones de soya sobre selva viva y territorios indígenas. “La selva es talada para tener campos de soya”, afirma. Denuncia fumigaciones aéreas que generan problemas respiratorios, contaminación del agua y expulsión de comunidades que pierden animales, árboles frutales y plantas medicinales. El Coletivo y reportes de Agência Pública siguen documentando las fumigaciones y la pérdida de territorio en la región, que afecta ecosistemas y comunidades indígenas.
En Neuquén, Argentina, Lef Nawuel, de la Confederación Mapuche, explica que el fracking (la fractura hidráulica para obtener gas “natural”) ha profundizado una crisis histórica: “Es como raspar la olla de los yacimientos”, dice. Señala que existen más de 2mil pozos petroleros activos, mientras gran parte de la población enfrenta pobreza y falta de acceso a energía, vivienda y salud. La Confederación Mapuche de Neuquén siguen sosteniendo acciones legales y movilizaciones contra nuevos pozos de fracking y denunciando daños acumulativos; según informa Página/12 en el contexto de la expansión petrolera en la región.
En el departamento de Oruro, Bolivia, Margarita Aquino, de la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (RENAMAT), habla del desplazamiento por contaminación por extracción minera. “Si antes lo tenías todo y de repente entra la transnacional, sientes que lo has perdido todo”, relata. Su marido trabaja en una de las minas en la región, lo que genera también dinámicas dolorosas de ruptura familiar: “Nos herimos con palabras, a veces él está defendiendo su trabajo, y nosotras estamos defendiendo a la madre tierra”. Recientemente, RENAMAT ha alertado sobre la persistencia de pasivos ambientales mineros y la necesidad de mayor fiscalización, mientras que El Deber documenta la contaminación de agua en comunidades locales.
En la Amazonía Peruana, Walter Cuñachi, de la comunidad de Chiriaco, denuncia que oleoductos han atravesado su territorio sin consulta previa, con tuberías oxidadas que se revientan y contaminan el río. “Todos estamos contaminados”, afirma, cuestionando la versión oficial que minimiza los impactos en la salud. Comunidades awajún solicitan atención médica y remediación, mientras la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y reportes de IDL-Reporteros subrayan la necesidad de monitoreo independiente en la zona.
En la región del Biobío, Chile, Silvana Ceballos, de la Red por la Superación del Modelo Forestal, describe cómo la expansión de monocultivos de pino y eucalipto reemplazó el bosque nativo y redujo drásticamente la disponibilidad de agua. Tras incendios forestales que destruyeron grandes superficies de estos cultivos, observaron que vertientes y arroyos reaparecieron o aumentaron su caudal, reforzando su convicción de que los monocultivos absorben el agua y dejan sin recurso a las comunidades rurales. La Red participa en debates legislativos sobre gestión forestal.
En el departamento de Escuintla, Guatemala, una defensora —cuya identidad se proteg por seguridad— relata los impactos de los monocultivos de caña de azúcar, banano, palma africana y hule. Denuncia desvío y contaminación de ríos, fumigaciones aéreas que afectan a trabajadores y comunidades, y un contexto de criminalización hacia quienes defienden el territorio, especialmente mujeres lideresas. Recientemente, organizaciones campesinas han denunciado nuevas fumigaciones, y reportajes de Plaza Pública documentan los efectos socioambientales y en la salud de las comunidades.
Casos que saben a victorias
No todas las historias terminan igual. En la Bahía de Guanabara, Brasil, Alexandre Anderson, de AHOMAR, cuenta cómo la pesca cayó tras la expansión petrolera: “En la época de mis abuelos había mucho pescado; hoy se pesca todos los días y no se consigue mucho”. Sin embargo, afirma que en los últimos años lograron crear en Magé la primera zona de exclusión petrolera de Río de Janeiro: “Decidimos no morir de tristeza… hoy somos felices porque estamos protegiendo lo que es nuestro”. (ahomar.org.br).
En la Amazonía ecuatoriana, Jayro Salazar, de la Unión de Afectados y Afectadas por Texaco/Chevron (UDAPT), recuerda que hace más de 50 años el Estado concesionó más de un millón de hectáreas para explotación petrolera. Tras una sentencia favorable contra Chevron en cortes ecuatorianas, la reparación sigue en disputa. Sin embargo, Jayro afirma que es evidente la transformación de la relación entre las comunidades y el extractivismo petrolero: del consentimiento inducido por incentivos materiales a una resistencia que se proyecta como referente para otros movimientos latinoamericanos. UDAPT sigue documentando impactos y promoviendo la participación comunitaria en procesos de reparación ambiental y justicia social, (udapt.org).
En Monte Plata, República Dominicana, Darío Solano, de REDAFROS, relata cómo su comunidad frenó la instalación de una presa de cola minera que amenazaba la cuenca del río Sama, de la que dependen más de tres millones de personas del Gran Santo Domingo. Aunque el proyecto cumplía requisitos formales, no obtuvo la licencia social. “Hay pequeños triunfos que hay que difundir”, dice, recordando que la información y la memoria son parte de la resistencia. REDAFROS sigue promoviendo concienciación y vigilancia comunitaria sobre el río Sama.
Para Nathalie Rengifo, el objetivo del documental es claro: mostrar que “no debemos sentirnos aislados ni solos”. Difundir estas historias no es solo solidaridad, sino reconocer que, para muchas comunidades indígenas y rurales, defender el territorio no es activismo sino la defensa de su cosmovisión, sus comunidades y sus fuentes de alimento y agua. Así lo afirmó Consuelo Piaguaje, de UDAPT: “Defender nuestros territorios es una responsabilidad muy grande. No es activismo, es nuestra forma de vida”.
Nathalie también señala que estas luchas dialogan con realidades en Estados Unidos y el mundo, donde otras comunidades enfrentan crisis de agua, contaminación industrial y desigualdad ambiental, por lo que la defensa de la vida tiene beneficios que trascienden lo local.
El documental completo en inglés y español está disponible en: quepaguen.org/videos/documental-corto-que-paguen-los-contaminadores
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