Cultura y noticias hispanas del Valle del Hudson
A finales de agosto, la organización defensora de los derechos civiles y humanos, LatinoJustice PRLDEF, junto al Proyecto de Supervisión de Tecnologías de Vigilancia (S.T.O.P. por sus siglas en inglés), presentaron el informe Favores a Flock: Policías de todo Nueva York realizan búsquedas en Flock a petición del ICE (Flock Favors: Police Across New York Search Flock on Behalf of ICE).
El informe analiza cómo departamentos de policía estatales y locales de Nueva York han utilizado la red de cámaras y lectores automáticos de matrículas de Flock Safety para realizar búsquedas de vehículos en beneficio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), incluso cuando los conductores buscados no eran sospechosos de haber cometido ningún delito. Los autores sostienen que algunas de estas búsquedas fueron registradas explícitamente como relacionadas con inmigración, mientras que otras parecen haber sido ocultadas mediante razones vagas, incompletas o inexistentes.
Flock Safety es una empresa privada de tecnología de vigilancia fundada en Atlanta en 2017, valorada en más de $8mil millones de dólares. Sus cámaras, conocidas como ALPR (por sus siglas en inglés, lectores automatizados de matrículas) fotografían vehículos y leen automáticamente sus matrículas. Además, el sistema puede registrar características del vehículo, como color, marca, modelo, daños visibles y otros atributos.
La empresa cuenta con más de 120.000 cámaras en más de 6.000 comunidades de 49 estados y procesa aproximadamente 20.000 millones de registros al mes. La red está comercializada principalmente para las fuerzas del orden, que pueden utilizarla para buscar información almacenada por otros departamentos o jurisdicciones que participan en la red.
Según el informe, el Departamento de Policía del condado de Nassau realizó búsquedas de matrículas de personas que no eran sospechosas de ningún delito y registró como motivo “Immigration (civil/administrative)”. En Beacon, la razón de una búsqueda fue “civil/administrative immigration”; en Glen Cove se utilizó simplemente “ICE”; y en Cheektowaga, “Wanted by ICE”. Estos registros constituyen, según el informe, los casos más evidentes porque los propios agentes dejaron constancia de que estaban buscando información para ICE.
Sin embargo, los autores creen que estos casos representan solamente una parte del problema. Flock permite que los agentes introduzcan cualquier motivo para justificar una búsqueda, o incluso que no introduzcan ninguno. El informe identifica varios casos en los que las búsquedas parecen haber sido realizadas para fines migratorios, pero fueron registradas con términos mucho más generales, como “investigation” o “inv”. Estas prácticas entran en conflicto con la nueva legislación de Nueva York, conocida como Ley de Policías Locales y Delitos Locales (Local Cops, Local Crimes Act), aprobada como parte del presupuesto estatal de 2026. La ley comenzó a prohibir, a partir del 25 de agosto, acuerdos formales entre las fuerzas del orden locales, como los acuerdos 287(g).
Pero hay vacíos en la aplicación de la nueva ley. Algunos departamentos que aparentemente ayudaron a ICE mediante búsquedas de Flock no tenían acuerdos 287(g). Por lo tanto, prohibir solamente esos acuerdos formales no sería suficiente. Los autores interpretan que la prohibición de cualquier acuerdo “formal o informal” que permita a un agente ayudar en tareas de aplicación de las leyes migratorias también impediría que la policía realizara búsquedas rutinarias en Flock a pedido de ICE para localizar personas que no son sospechosas de delitos.
S.T.O.P. y LatinoJustice recomiendan una política estatal que obligue a las fuerzas del orden a documentar cada búsqueda realizada en bases de datos de ALPR. Los registros deberían incluir quién realizó la búsqueda, una razón específica y detallada y un número de caso.
También proponen limitar el uso policial de esta tecnología. Recomiendan que las búsquedas de lectores de matrículas se permitan únicamente para investigar delitos graves, localizar vehículos robados y encontrar personas reportadas como desaparecidas. Además de limitar a 48 horas la conservación de los datos, salvo cuando exista una razón legal para conservarlos como evidencia o mediante una orden judicial. Actualmente, Flock ha anunciado un período predeterminado de siete días, que los autores consideran demasiado largo.
Estas medidas no solamente permitirían controlar mejor la colaboración con ICE, sino que también reducirían otros posibles abusos de la tecnología, como el seguimiento de personas que buscan abortos, manifestantes, activistas y ex parejas de agentes policiales.
La Union de Libertades Civiles, ACLU, aclara que no importa de qué empresas tecnológicas sean las cámaras que aparecen en nuestras calles; todas comparten los mismos problemas: intentan lucrarse invadiendo nuestra privacidad. La ACLU también provee herramientas para las comunidades.
Mariel Fiori
Directora COPYRIGHT 2026
La Voz, Cultura y noticias hispanas del Valle de Hudson
El informe analiza cómo departamentos de policía estatales y locales de Nueva York han utilizado la red de cámaras y lectores automáticos de matrículas de Flock Safety para realizar búsquedas de vehículos en beneficio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), incluso cuando los conductores buscados no eran sospechosos de haber cometido ningún delito. Los autores sostienen que algunas de estas búsquedas fueron registradas explícitamente como relacionadas con inmigración, mientras que otras parecen haber sido ocultadas mediante razones vagas, incompletas o inexistentes.
Flock Safety es una empresa privada de tecnología de vigilancia fundada en Atlanta en 2017, valorada en más de $8mil millones de dólares. Sus cámaras, conocidas como ALPR (por sus siglas en inglés, lectores automatizados de matrículas) fotografían vehículos y leen automáticamente sus matrículas. Además, el sistema puede registrar características del vehículo, como color, marca, modelo, daños visibles y otros atributos.
La empresa cuenta con más de 120.000 cámaras en más de 6.000 comunidades de 49 estados y procesa aproximadamente 20.000 millones de registros al mes. La red está comercializada principalmente para las fuerzas del orden, que pueden utilizarla para buscar información almacenada por otros departamentos o jurisdicciones que participan en la red.
Según el informe, el Departamento de Policía del condado de Nassau realizó búsquedas de matrículas de personas que no eran sospechosas de ningún delito y registró como motivo “Immigration (civil/administrative)”. En Beacon, la razón de una búsqueda fue “civil/administrative immigration”; en Glen Cove se utilizó simplemente “ICE”; y en Cheektowaga, “Wanted by ICE”. Estos registros constituyen, según el informe, los casos más evidentes porque los propios agentes dejaron constancia de que estaban buscando información para ICE.
Sin embargo, los autores creen que estos casos representan solamente una parte del problema. Flock permite que los agentes introduzcan cualquier motivo para justificar una búsqueda, o incluso que no introduzcan ninguno. El informe identifica varios casos en los que las búsquedas parecen haber sido realizadas para fines migratorios, pero fueron registradas con términos mucho más generales, como “investigation” o “inv”. Estas prácticas entran en conflicto con la nueva legislación de Nueva York, conocida como Ley de Policías Locales y Delitos Locales (Local Cops, Local Crimes Act), aprobada como parte del presupuesto estatal de 2026. La ley comenzó a prohibir, a partir del 25 de agosto, acuerdos formales entre las fuerzas del orden locales, como los acuerdos 287(g).
Pero hay vacíos en la aplicación de la nueva ley. Algunos departamentos que aparentemente ayudaron a ICE mediante búsquedas de Flock no tenían acuerdos 287(g). Por lo tanto, prohibir solamente esos acuerdos formales no sería suficiente. Los autores interpretan que la prohibición de cualquier acuerdo “formal o informal” que permita a un agente ayudar en tareas de aplicación de las leyes migratorias también impediría que la policía realizara búsquedas rutinarias en Flock a pedido de ICE para localizar personas que no son sospechosas de delitos.
S.T.O.P. y LatinoJustice recomiendan una política estatal que obligue a las fuerzas del orden a documentar cada búsqueda realizada en bases de datos de ALPR. Los registros deberían incluir quién realizó la búsqueda, una razón específica y detallada y un número de caso.
También proponen limitar el uso policial de esta tecnología. Recomiendan que las búsquedas de lectores de matrículas se permitan únicamente para investigar delitos graves, localizar vehículos robados y encontrar personas reportadas como desaparecidas. Además de limitar a 48 horas la conservación de los datos, salvo cuando exista una razón legal para conservarlos como evidencia o mediante una orden judicial. Actualmente, Flock ha anunciado un período predeterminado de siete días, que los autores consideran demasiado largo.
Estas medidas no solamente permitirían controlar mejor la colaboración con ICE, sino que también reducirían otros posibles abusos de la tecnología, como el seguimiento de personas que buscan abortos, manifestantes, activistas y ex parejas de agentes policiales.
La Union de Libertades Civiles, ACLU, aclara que no importa de qué empresas tecnológicas sean las cámaras que aparecen en nuestras calles; todas comparten los mismos problemas: intentan lucrarse invadiendo nuestra privacidad. La ACLU también provee herramientas para las comunidades.
Mariel Fiori
Directora COPYRIGHT 2026
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