Cultura y noticias hispanas del Valle del Hudson
Chester y el Hudson Valley contra un centro de detención de ICE
Por Mariel Fiori
February 2026 En el corazón del Valle del Hudson, un pueblo de 4000 habitantes ha acaparado la atención de líderes, activistas e inmigrantes de la región. A fines de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó un aviso oficial que alteró la calma de Chester, en el Condado de Orange: el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) propone comprar, ocupar y rehabilitar un antiguo almacén industrial de Pep Boys en 29 Elizabeth Drive como parte de una red nacional de centros de detención y procesamiento migratorio. El local sería uno de los al menos 16 centros previstos en todo el país como parte de un plan para almacenar a 80 mil migrantes. Ya en abril de 2025, el director interino de ICE, Todd Lyons, había declarado que su objetivo para las nuevas instalaciones de ICE es que sean “como Amazon Prime, pero con seres humanos”.
Cerrado desde 2024, el antiguo almacén pertenece a IEP Chester LLC, una filial de Icahn Enterprises, el conglomerado fundado por el multimillonario Carl Icahn, exasesor del expresidente Donald Trump. El aviso de DHS incluye una advertencia de que el predio está parcialmente ubicado en una planicie inundable de 100 años, un dato que aumentó más todavía las preocupaciones locales sobre seguridad, infraestructura y preparación ante emergencias.
Ante estas noticias, la comunidad reaccionó con fuerza. El 12 de enero de 2026, más de 400 personas llegaron al Senior Center de la aldea de Chester a su reunión pública habitual, que tuvo que cambiarse de lugar por la cantidad de personas que se esperaba asistieran. Vecinos de la localidad y de pueblos cercanos denunciaron lo que consideran una amenaza directa a la dignidad humana, la seguridad comunitaria y la vida cotidiana.
Semanas después, el 29 de enero, con temperaturas frígidas, se calcula que 700 personas fueron a protestar a Chester Commons Park. Allí, representantes de organizaciones como el Ministerio Rural Migrante (RMM) y For he Many denunciaron la “deshumanización” de las políticas de detención y el impacto que tal centro tendría en la región.
Representantes de distintos partidos ya dijeron que rechazan la propuesta de ICE, como el supervisor del Pueblo Chester, Brandon Holdridge, o la presidenta de la Legislatura del Condado, Laurie Tautel, la senadora estatal Michelle Hinchey, y hasta el ejecutivo del condado de Orange, el republicano Steve Neuhaus. Neuhaus calificó la propuesta como “catastrófica” para la comunidad y criticó la falta de comunicación por parte del DHSU. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y la Fiscal General, Letitia James, también criticaron la propuesta.
“Las políticas de la administración militarizaron la aplicación de las leyes de inmigración y dieron al ICE de un presupuesto mayor que el de la mayoría de los ejércitos. El resultado es una agencia que opera con inhumanidad y sin rendir cuentas” dijo el congresista Pat Ryan (D‑NY18) quien lanzó una petición pública para exigir que el plan sea retirado. La petición superó las 10.000 firmas en la primera semana y alcanzó más de 20.000 dos semanas después. Por eso, Ryan cree que la comunidad “ganará esta lucha” si se mantienen unidos y vocales.
El margen de acción local es limitado. En Estados Unidos, las propiedades federales no están sujetas a las leyes de zonificación municipal, una situación que ya ha permitido la apertura de centros de detención en comunidades que los rechazaron abiertamente. Casos similares se han dado en Texas y Nueva Jersey, donde ICE avanzó pese a las protestas continuas de residentes y autoridades locales.
A las preocupaciones humanitarias y políticas se suman serias alertas ambientales. El Departamento de Conservación Ambiental del estado de Nueva York (DEC) advirtió que el sitio propuesto se encuentra en una llanura de inundación de 100 años y podría afectar humedales, especies en peligro de extinción y el suministro de agua. El DEC cuestionó además cómo se manejarían las aguas residuales y el drenaje pluvial, señalando que el pueblo de Chester no cuenta con capacidad suficiente de alcantarillado.
“Las familias ya viven con miedo”, dijo Roni Balderas, residente de Middletown ante la junta del pueblo de Chester. “La gente evita ir a trabajar, llevar a sus hijos a la escuela o buscar ayuda. Esto no solo afectará a Chester, sino a toda la región”. Michael Sussman, excandidato a ejecutivo del condado de Orange, calificó el proyecto como “un campo de concentración” y denunció la falta de límites al poder federal: “Estamos viviendo un momento peligroso en la historia del país”.
COPYRIGHT 2026
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Ante estas noticias, la comunidad reaccionó con fuerza. El 12 de enero de 2026, más de 400 personas llegaron al Senior Center de la aldea de Chester a su reunión pública habitual, que tuvo que cambiarse de lugar por la cantidad de personas que se esperaba asistieran. Vecinos de la localidad y de pueblos cercanos denunciaron lo que consideran una amenaza directa a la dignidad humana, la seguridad comunitaria y la vida cotidiana.
Semanas después, el 29 de enero, con temperaturas frígidas, se calcula que 700 personas fueron a protestar a Chester Commons Park. Allí, representantes de organizaciones como el Ministerio Rural Migrante (RMM) y For he Many denunciaron la “deshumanización” de las políticas de detención y el impacto que tal centro tendría en la región.
Representantes de distintos partidos ya dijeron que rechazan la propuesta de ICE, como el supervisor del Pueblo Chester, Brandon Holdridge, o la presidenta de la Legislatura del Condado, Laurie Tautel, la senadora estatal Michelle Hinchey, y hasta el ejecutivo del condado de Orange, el republicano Steve Neuhaus. Neuhaus calificó la propuesta como “catastrófica” para la comunidad y criticó la falta de comunicación por parte del DHSU. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y la Fiscal General, Letitia James, también criticaron la propuesta.
“Las políticas de la administración militarizaron la aplicación de las leyes de inmigración y dieron al ICE de un presupuesto mayor que el de la mayoría de los ejércitos. El resultado es una agencia que opera con inhumanidad y sin rendir cuentas” dijo el congresista Pat Ryan (D‑NY18) quien lanzó una petición pública para exigir que el plan sea retirado. La petición superó las 10.000 firmas en la primera semana y alcanzó más de 20.000 dos semanas después. Por eso, Ryan cree que la comunidad “ganará esta lucha” si se mantienen unidos y vocales.
El margen de acción local es limitado. En Estados Unidos, las propiedades federales no están sujetas a las leyes de zonificación municipal, una situación que ya ha permitido la apertura de centros de detención en comunidades que los rechazaron abiertamente. Casos similares se han dado en Texas y Nueva Jersey, donde ICE avanzó pese a las protestas continuas de residentes y autoridades locales.
A las preocupaciones humanitarias y políticas se suman serias alertas ambientales. El Departamento de Conservación Ambiental del estado de Nueva York (DEC) advirtió que el sitio propuesto se encuentra en una llanura de inundación de 100 años y podría afectar humedales, especies en peligro de extinción y el suministro de agua. El DEC cuestionó además cómo se manejarían las aguas residuales y el drenaje pluvial, señalando que el pueblo de Chester no cuenta con capacidad suficiente de alcantarillado.
“Las familias ya viven con miedo”, dijo Roni Balderas, residente de Middletown ante la junta del pueblo de Chester. “La gente evita ir a trabajar, llevar a sus hijos a la escuela o buscar ayuda. Esto no solo afectará a Chester, sino a toda la región”. Michael Sussman, excandidato a ejecutivo del condado de Orange, calificó el proyecto como “un campo de concentración” y denunció la falta de límites al poder federal: “Estamos viviendo un momento peligroso en la historia del país”.
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