El sistema de inmigración actual no sirve, lo sabemos. El número de visas que se otorgan cada año para traer a trabajadores altamente capacitados o de baja calificación es mucho menor a las necesidades de la economía y el mercado laboral de los Estados Unidos. Los límites arbitrarios de visas por año han creado una acumulación de visas pendientes para muchos familiares que tienen que esperar hasta veinte años para reunirse con familia que vive en los Estados Unidos. Además, alrededor de 11 millones de inmigrantes indocumentados ya viven en los Estados Unidos, 60 por ciento de los cuales han vivido aquí más de una década: su casa es esta y son parte del entramado social y económico de los Estados Unidos. Y es que los inmigrantes no autorizados representan el 28 por ciento de las personas que nacieron en el extranjero, y así, uno de cada veinte trabajadores es indocumentado. Por ser tal su magnitud, las violaciones al salario y del lugar del trabajo por empleadores inescrupulosos que explotan a los trabajadores inmigrantes indocumentados socaban a los negocios honestos y dañan a todos los trabajadores.
Y no sólo los trabajadores en general y los indocumentados sufren. Aproximadamente 4,5 millones de niños nacidos en los Estados Unidos tiene por lo menos un padre inmigrante no autorizado. Estos niños corren el peligro de quedarse huérfanos si sus padres son deportados. Lamentablemente, según estadísticas del Departamento de Seguridad Interior (DHS), en los últimos dos años, por lo menos 204,000 niños nacidos en los Estados Unidos sufrieron la separación de sus padres a través de la escalada en las deportaciones que se han venido realizando con programas como S-Comm.
1 de cada 8 personas en los Estados Unidos es un inmigrante, y 1 de cada 6 es latino. La cuestión de la inmigración impacta a más personas: 16,8 millones de los niños del país (22,7%) son hijos de inmigrantes. Estos números los conocía el presidente Obama (y probablemente mucho mejor que su contrincante electoral Mitt Romney) cuando decidió dar un paso adelante y firmar la decisión de acción diferida para llegados en la infancia. Gracias a DACA, como se la conoce por sus siglas en inglés, ya se han beneficiado más de 154 mil jóvenes en todo el país, que tendrán un permiso de trabajo y un número de seguro social temporal, y hasta una licencia de conducir, en algunos estados. Esta medida, este gesto en realidad (ya que no arregla la situación de los 11 millones de indocumentados, y lo que hace por algunos jóvenes es temporal), le vino tan bien al presidente que ganó la reelección gracias al voto latino: más del 70 por ciento de los hispanos votaron por él, según las encuestas.
Claro, ahora le toca cumplir sus promesas de campaña y todo indica, por el momento, que es eso exactamente lo que quiere hacer este año. Así lo definió en su discurso de toma de posesión, en los que sus prioridades comprenden la reforma migratoria, el control de armas, los impuestos y los derechos de los homosexuales. De todas estas cuestiones, con la que más coinciden los republicanos es con la reforma de inmigración. Y es que obviamente ya se dieron cuenta del inmenso traspié que dieron al hablar durante la campaña de la auto-deportación y otras cuestiones igualmente odiosas.
Como el clima parece propicio, entre la banda de los ocho (cuatro senadores demócratas y cuatro senadores republicanos), el grupo bipartidista del congreso (que según John Boehner, vocero de la cámara baja, lleva tres años en discusiones), y el senador Marco Rubio que también tiene su propia propuesta de reforma, algo va a pasar este año. Sólo esperamos que la sabiduría se apodere de nuestros representantes y la reforma de inmigración sea completa y justa. No vaya a ser cosa que tengamos un problema que dure veinte años más.
Mariel Fiori, Directora
LA VOZ, Cultura y noticias hispanas del Valle de Hudson
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